Riesgo locativo

La definición no es interpretativa: está en la norma. El Decreto Ejecutivo 255, en su Art. 44, clasifica los riesgos de seguridad y define en su numeral 1:

«Locativos: Son aquellos factores presentes en un sitio de trabajo, derivados de las instalaciones y de sus condiciones físicas que, bajo circunstancias no adecuadas, tienen la posibilidad de causar daño a la salud del trabajador y al lugar y/o centro de trabajo, producto de la exposición a éstos.»

Y el mismo decreto lo aterriza en el Art. 54, que fija las condiciones que deben cumplir los lugares y centros de trabajo: «1. El mantenimiento periódico de la infraestructura; 2. Instalaciones eléctricas; 3. Sistemas de climatización y ventilación; 4. Rutas de evacuación; 5. Salidas de emergencia; 6. Accesos de personas con discapacidad; 7. Servicios permanentes como dormitorios, comedores, cocinas, puntos de hidratación, vestidores, servicios higiénicos y campamentos». Esa lista es, en la práctica, el índice de una inspección locativa.

Aquí está la razón por la que este riesgo merece atención desproporcionada respecto de su prestigio: es poco espectacular y muy frecuente. Las caídas al mismo nivel, los golpes contra objetos y los tropiezos concentran una parte enorme de los accidentes con baja en empresas ecuatorianas de todos los tamaños, y rara vez aparecen en la matriz de riesgos con la misma seriedad que un trabajo en altura. Nadie hace un permiso de trabajo para caminar por un pasillo.

Los factores que producen la mayoría de los casos son reconocibles en un recorrido de veinte minutos: pisos con desnivel, humedad, derrames no señalizados o material suelto; vías de circulación invadidas por producto o pallets; escaleras sin pasamanos, con huella irregular o mal iluminadas; almacenamiento en altura sin sujeción o por encima de la capacidad de la estantería; iluminación insuficiente en zonas de tránsito; y estructuras con mantenimiento pendiente —cubiertas, rejillas, barandas—.

Lo que lo controla no es un programa nuevo sino dos rutinas baratas. La primera es la disciplina de orden y limpieza, que ataca la causa de la mayoría de estos eventos. La segunda es la inspección planeada, con lista de verificación y periodicidad fija, cuyo valor no está en detectar —los hallazgos suelen ser obvios— sino en cerrar: fecha, responsable y verificación. Un programa de inspecciones que genera hallazgos y no los cierra produce un archivo de evidencia en contra.

Una nota para empresas que alquilan su instalación, situación muy común en Quito y Guayaquil: la responsabilidad por las condiciones del lugar de trabajo es del empleador, con independencia de quién sea el propietario del inmueble. Lo que corresponde es dejar por escrito en el contrato qué mantenimiento asume cada parte y documentar los requerimientos; no hacerlo no traslada la obligación, solo dificulta resolverla.

El motivo por el que este riesgo merece más atención de la que recibe: es poco espectacular y muy frecuente. Las caídas al mismo nivel, los golpes contra objetos y los tropiezos concentran buena parte de los accidentes con baja, y casi siempre se cierran con orden, mantenimiento y demarcación, que es lo más barato del catálogo de controles.

Una distribuidora de Guayaquil acumula en un año once accidentes con atención médica: nueve son caídas al mismo nivel y golpes contra objetos en el área de bodega. La respuesta habitual había sido capacitación en «autocuidado» y entrega de calzado antideslizante.

El recorrido con criterio locativo encontró tres causas físicas: el pasillo principal estaba reducido a 80 cm por pallets en espera de ubicación, la iluminación en dos racks estaba por debajo de lo necesario para leer una etiqueta, y una rejilla de drenaje rota llevaba meses señalizada con cinta y sin reparar.

Las correcciones fueron de instalación y de disciplina: se demarcó el pasillo con línea amarilla y se prohibió el almacenamiento temporal en él, con una zona de espera definida; se repusieron ocho luminarias; se reparó la rejilla; y se instauró una inspección locativa quincenal de quince minutos con lista de verificación, responsable de cierre y plazo de siete días por hallazgo. Los accidentes del año siguiente en esa área bajaron de nueve a dos. El calzado antideslizante se mantuvo, pero nunca había sido el problema.