Empresa B

Conviene empezar por lo que la certificación no es, porque ahí se pierde la mayoría de los proyectos. No es un sello ambiental, no es una certificación de sistema de gestión y no se obtiene con un informe de sostenibilidad, por bueno que sea. Evalúa la empresa entera —gobierno, trabajadores, comunidad, ambiente y clientes— con un cuestionario extenso que exige evidencia documental, y fija un umbral de puntaje mínimo que hay que superar y volver a superar en cada recertificación.

El componente que sorprende a los directorios ecuatorianos, y el que decide si el proyecto es viable, es el jurídico: la certificación exige modificar el estatuto social para incorporar el deber de considerar el impacto de las decisiones sobre todos los grupos de interés. No es una declaración en la memoria anual; es una reforma estatutaria, con su junta y su inscripción. En una compañía con varios socios, esa conversación es el verdadero primer hito del proyecto, y es mejor tenerla antes de invertir meses en el cuestionario.

El segundo choque con la realidad local es la evidencia. Muchas empresas ecuatorianas medianas hacen bien buena parte de lo que se evalúa —estabilidad del empleo, relación con proveedores locales, apoyo a la comunidad— y no lo tienen escrito en ninguna parte. La certificación no premia la intención: pide política aprobada, registro y trazabilidad. En la práctica, la mayor parte del esfuerzo no está en cambiar la operación, sino en documentar y formalizar lo que ya se hace y en cerrar los huecos que aparecen al medirlo.

¿Cuándo tiene sentido? Cuando el mercado la reconoce: exportación a mercados con compra responsable, cadenas de suministro de multinacionales que puntúan a sus proveedores, sectores donde el consumidor final valora el atributo. Y cuando la empresa tiene tiempo y capacidad de sostenerla: la recertificación periódica con umbral creciente convierte al proyecto en un compromiso permanente, no en un hito. Si el objetivo es únicamente comunicacional, el riesgo es exactamente el contrario del buscado: anunciar un propósito que no se sostiene con evidencia es la definición operativa del greenwashing.

Una precisión frecuente: Empresa B no es lo mismo que la forma jurídica de sociedad de beneficio e interés colectivo que existe en varias legislaciones. La primera es una certificación privada otorgada por un tercero; la segunda es un tipo societario reconocido por la ley. Una empresa puede tener una, la otra, ambas o ninguna.

El componente que sorprende a los directorios ecuatorianos, y el que decide si el proyecto es viable, es el jurídico: la certificación exige modificar el estatuto social para incorporar el deber de considerar el impacto en todos los grupos de interés al decidir. Es una reforma societaria, no un trámite de marketing.

Una exportadora agrícola de la Costa con 140 trabajadores decide certificarse porque tres de sus compradores europeos puntúan a proveedores por criterios de sostenibilidad. La evaluación inicial la deja por debajo del umbral, y el diagnóstico es revelador: pierde puntos donde mejor lo hace. Paga por encima del sectorial pero no tiene política salarial escrita; compra a productores locales pero no lo registra ni lo mide; capacita a su gente sin dejar constancia del impacto. El plan de cierre de brechas fue, en tres cuartas partes, un trabajo de formalización: política de compensación aprobada por el directorio, registro de compras locales con indicador, plan de formación con evaluación, y la reforma estatutaria. Nueve meses después supera el umbral. Lo que la gerencia aprendió no fue a ser más sostenible: fue que lo que no se documenta no existe para nadie fuera de la empresa.