Relleno sanitario

La distinción que más importa —y la que separa a la mitad de los cantones ecuatorianos— es entre relleno sanitario y botadero a cielo abierto. No es una diferencia de tamaño ni de aseo: un relleno sanitario tiene impermeabilización de la base, sistema de captación y tratamiento de lixiviados, manejo de gases, cobertura diaria, control de ingreso y monitoreo. Un botadero no tiene nada de eso, aunque tenga una máquina empujando basura. Convertir uno en otro se llama cierre técnico y reconversión, y es una obra de ingeniería, no un cambio de nombre.

El marco vigente es el Código Orgánico del Ambiente (Registro Oficial Suplemento 983 de 12 de abril de 2017) y su Reglamento (Decreto Ejecutivo 752, Registro Oficial Suplemento 507 de 12 de junio de 2019). El Código fija el orden en el que hay que pensar: su artículo 226 establece el «Principio de jerarquización», por el cual la gestión de residuos debe cumplir esta prioridad — «1. Prevención; 2. Minimización de la generación en la fuente; 3. Aprovechamiento o valorización; 4. Eliminación; y, 5. Disposición final», y añade que «la disposición final se limitará a aquellos desechos que no se puedan aprovechar, tratar, valorizar o eliminar en condiciones ambientalmente adecuadas y tecnológicamente factibles».

El Reglamento concreta el papel del relleno en su artículo 596: la disposición final «es la última de las fases de la gestión integral de los desechos, en la cual son dispuestos de forma sanitaria mediante procesos de aislamiento y confinación definitiva», y precisa que «los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos deberán disponer los desechos sólidos no peligrosos de manera obligatoria en rellenos sanitarios u otra alternativa que cumpla con los requerimientos técnicos y operativos aprobados para el efecto».

Para una empresa, la lectura práctica es doble. Primero: el relleno sanitario municipal recibe residuos no peligrosos. Los desechos peligrosos y los especiales —solventes, aceites usados, luminarias, envases de químicos, residuos sanitarios— no van ahí: siguen su propia ruta con gestor ambiental autorizado y manifiesto único. Entregarlos al recolector municipal es un incumplimiento, aunque nadie lo note ese día. Segundo: la jerarquía del artículo 226 significa que lo que usted envía a disposición final es lo que no supo aprovechar, y ese volumen es hoy un indicador de gestión que sus clientes corporativos empiezan a pedir.

La diferencia no es de tamaño ni de aseo: un botadero con una máquina empujando basura sigue siendo un botadero. Convertir uno en el otro se llama cierre técnico y reconversión, y es una obra de ingeniería. El marco es el Código Orgánico del Ambiente (R.O. Suplemento 983 de 12 de abril de 2017) y su Reglamento (Decreto Ejecutivo 752, R.O. Suplemento 507 de 12 de junio de 2019), cuyo Art. 226 fija el principio de jerarquización: el relleno recibe únicamente lo que ya no pudo prevenirse, reducirse, reutilizarse ni aprovecharse.

Una industria de Latacunga entrega toda su basura al recolector municipal y considera cerrado el asunto ambiental. La auditoría de cumplimiento levanta dos hallazgos. Uno: en el contenedor común aparecen envases de químicos y luminarias, que son residuos peligrosos y debían ir a gestor autorizado con su manifiesto. Dos: no existe caracterización de residuos, de modo que la empresa no puede demostrar cuánto genera ni cuánto aprovecha. La corrección es de gestión, no de inversión: caracterizar una semana típica, separar en origen con puntos ecológicos rotulados, contratar gestor autorizado para la corriente peligrosa y medir mensualmente el porcentaje que sale a disposición final. Ese porcentaje, bajando, es la evidencia de que se está cumpliendo la jerarquía y no solo pagando la recolección.