Lixiviados

El lixiviado no es un problema exclusivo de los rellenos sanitarios, y esa es la primera confusión que conviene deshacer. Se genera en cualquier lugar donde haya material acumulado y agua: la bodega de residuos de una planta sin techo o con piso sin pendiente, un patio de acopio de materia orgánica, una pila de compostaje, un contenedor de desechos peligrosos a la intemperie. En un país con la pluviosidad de buena parte del territorio ecuatoriano, un área de acopio descubierta produce lixiviado varios meses al año, aunque nadie lo llame así.

Su peligrosidad tiene dos componentes. El químico: alta carga orgánica —medida como DBO y DQO—, metales, amonio y, en el caso de residuos peligrosos, lo que contuviera el material de origen. Y el de ruta: si no se contiene, se infiltra al suelo y llega al agua subterránea, o escurre a un cuerpo de agua superficial, y ambas rutas son de reparación cara y lenta.

En la normativa ecuatoriana, el manejo de lixiviados está exigido en dos frentes que conviene distinguir. En el de la gestión de residuos, el Libro VI del TULSMA requiere que un relleno sanitario cuente con sistemas de recolección de lixiviados y de aguas de escorrentía, y establece que «los lixiviados generados en los rellenos sanitarios cumplirán con las normas fijadas» para descarga. Y en el de la autorización administrativa, el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente incluye el manejo de lixiviados entre los componentes que debe contemplar la gestión. ⚠️ Conviene recordar el alcance real de la derogatoria: la Disposición Derogatoria del RCOA solo desplazó lo que contraviene al COA —cayó la categorización I-IV—, mientras que los anexos técnicos del Libro VI del TULSMA siguen aplicándose. Decir «el TULSMA está derogado» a secas es falso.

Para una empresa que no opera un relleno, la conversación práctica es más simple y más barata: evitar que el lixiviado se genere cuesta una fracción de lo que cuesta tratarlo. Techar el área de acopio, dar pendiente y canal perimetral al piso, separar el residuo húmedo del seco y reducir el tiempo de permanencia del material eliminan la mayor parte del problema. Cuando ya se genera, hay que contenerlo, caracterizarlo y darle destino declarado —tratamiento propio o gestor autorizado—, y ese destino debe estar en el plan de manejo ambiental, con su registro. Descargarlo al alcantarillado sin caracterización previa es uno de los hallazgos más frecuentes en auditoría, y uno de los más difíciles de explicar.

Su peligrosidad tiene dos componentes. El químico: alta carga orgánica —medida como DBO y DQO—, metales, amonio y, en residuos peligrosos, lo que contuviera el material de origen. Y el de ruta: sin contención, se infiltra al suelo y llega al agua subterránea, o escurre a un cuerpo de agua. En buena parte del territorio ecuatoriano, un área de acopio descubierta produce lixiviado varios meses al año aunque nadie lo llame así.

Una procesadora de frutas de Santo Domingo genera ocho toneladas semanales de residuo orgánico —cáscara y pulpa— que acopia en un patio descubierto hasta que pasa el gestor. En temporada de lluvia, el escurrimiento del patio llega a una cuneta que desemboca en una quebrada. En la auditoría ambiental aparece como observación mayor: descarga no autorizada de lixiviado.

El costo de tratar ese lixiviado habría sido alto y recurrente. La solución fue de diseño y se ejecutó en un mes: techado del área de acopio con canal perimetral, piso impermeabilizado con pendiente a una fosa de recolección, y —la medida que más redujo el volumen— acuerdo con el gestor para pasar de retiro semanal a retiro cada 48 horas, con lo que el material dejó de degradarse en sitio. El lixiviado remanente, ahora contenido y en volumen pequeño, se caracterizó y pasó a entregarse al mismo gestor con manifiesto. La observación se cerró y el costo total fue menor que un año de tratamiento.