Ruido ambiental

La confusión que más problemas causa es tratar ruido ambiental y ruido laboral como el mismo asunto. Son dos frentes con distinta autoridad, distinto punto de medición y distinto límite. El ruido laboral se mide en el oído del trabajador, protege su audición y lo controla la autoridad de trabajo dentro del sistema de seguridad y salud. El ruido ambiental se mide en el límite de propiedad o en el receptor sensible más cercano, protege a la comunidad y lo controla la autoridad ambiental. Una empresa puede cumplir impecablemente el primero y estar en falta en el segundo, y suele ser justo así: se entrega protección auditiva y no se toca la emisión hacia afuera.

La competencia de la autoridad está expresamente prevista. El Libro VI del TULSMA, en su artículo sobre evaluación, control y seguimiento, establece que «la Autoridad Ambiental Competente, en cualquier momento podrá evaluar o disponer al Sujeto de Control la evaluación de la calidad ambiental por medio de muestreos del ruido ambiente y/o de fuentes de emisión de ruido que se establezcan en los mecanismos de evaluación y control ambiental». Es decir: la medición no depende de que la empresa la programe; puede disponerse en cualquier momento, y con frecuencia se dispone a raíz de una denuncia vecinal.

Los límites cambian según el uso de suelo —residencial, comercial, industrial, mixto— y según el horario, con valores más estrictos en la noche. Esa doble variable explica la mayoría de los incumplimientos reales: una planta que opera sin problema en horario diurno pasa a estar fuera de norma al abrir un tercer turno, sin haber cambiado nada de su equipo. Y en las zonas de crecimiento urbano de Quito, Guayaquil y Cuenca ocurre lo inverso con frecuencia: la industria estaba primero y la vivienda llegó después, pero el límite que aplica es el del uso de suelo vigente hoy.

Las fuentes que aparecen en casi todos los informes son cuatro: equipos de ventilación y extracción en cubierta, compresores y generadores, tráfico interno —especialmente la alarma de retroceso de montacargas y camiones en horario nocturno— y operaciones de carga y descarga. El control efectivo, en orden de rentabilidad: reubicar o encerrar acústicamente la fuente, cambiar el horario de la operación ruidosa, instalar silenciadores y antivibratorios, y solo al final levantar barreras acústicas, que son lo más caro y lo primero que se propone. Y una medida que no cuesta nada y resuelve más casos de los que parece: hablar con el vecino antes de que denuncie. Una queja gestionada es una observación; una denuncia es un expediente.

Una empresa puede cumplir impecablemente el primero y estar en falta en el segundo, y suele ser justo así: se entrega protección auditiva y no se toca la emisión hacia afuera. La protección auditiva no reduce el ruido, protege un oído; para el vecino no cambia nada.

Una planta metalmecánica al norte de Quito recibe una disposición de la autoridad ambiental tras una denuncia por ruido nocturno. El informe de medición confirma excedencia en horario nocturno en el límite de propiedad frente a un conjunto residencial construido cuatro años después de la planta. El equipo señalado por el vecindario era el compresor, pero la medición por fuentes mostró otra cosa: el compresor aportaba menos que las alarmas de retroceso de los montacargas y que la carga de chatarra en tolva metálica, ambas concentradas entre las 22h00 y las 24h00.

La solución no requirió barrera acústica. Se trasladó la carga de chatarra al turno diurno, se revistió la tolva con material amortiguante, se cambiaron las alarmas de retroceso por dispositivos de banda ancha —audibles para la seguridad pero mucho menos molestos a distancia— y se encerró el compresor en una caseta con material absorbente y ventilación silenciada. La medición de verificación quedó dentro de norma. El costo total fue del orden de una décima parte del presupuesto de la barrera que se había cotizado primero.