En Ecuador, el VIH en el trabajo se rige por una norma corta: el Acuerdo Ministerial 398 del Ministerio del Trabajo (Registro Oficial 322, 27 de julio de 2006), reformado por el Acuerdo Ministerial MDT-2024-198 (Registro Oficial 684, 15 de noviembre de 2024). Tiene cinco artículos numerados y uno sin número. Prohíbe despedir por vivir con VIH, pedir la prueba, exigir que el trabajador lo informe y divulgar sus datos de salud; obliga a tramitar la jubilación por invalidez cuando corresponde y a capacitar a todo el personal; y promueve la prueba voluntaria. Se aplica a empresas e instituciones privadas, mixtas y públicas (artículos 3 y 5).

La reforma de 2024 no salió de la nada. La Corte Constitucional, en la sentencia 2846-18-EP/24 (4 de abril de 2024), declaró vulnerado el derecho a no ser discriminado y, en su auto de reparación del 25 de abril, ordenó al Ministerio del Trabajo emitir o actualizar la norma para garantizar la intimidad y la confidencialidad del estado de salud de las personas trabajadoras que viven con el VIH. Así lo explican los considerandos del acuerdo de 2024, que cambió el artículo 3 y añadió la capacitación obligatoria.

Esta guía trata de la relación de trabajo con una persona que vive con VIH. Si lo que le preocupa es la exposición al virus en el trabajo —pinchazos en un servicio de salud o en el manejo de desechos sanitarios—, eso es un riesgo biológico y está en la guía de riesgos biológicos.

¿Se puede pedir la prueba de VIH para trabajar?

No. El artículo 3 reformado prohíbe, «en todos los aspectos de la relación laboral», solicitar la prueba de detección de VIH-SIDA «como requisito para obtener o conservar un empleo», en empresas e instituciones privadas, mixtas o públicas, nacionales o extranjeras (letra a). La prohibición alcanza a la selección, al ingreso y a toda la relación: no hay un momento en que la prueba se vuelva exigible.

Tres situaciones que llegan a talento humano muestran dónde está la línea:

El laboratorio ofrece un «perfil de ingreso» que trae VIH. Ese examen sale del perfil. El examen preocupacional sigue siendo obligatorio, pero lo que se pide en él se define según los riesgos de cada puesto, y la prueba de VIH no puede ser requisito para entrar. El profesiograma es el documento donde queda escrito qué examen corresponde a cada cargo, y es el lugar donde esta exclusión se vuelve visible para quien contrata exámenes.

Un jefe pregunta si el nuevo integrante «está sano». La empresa no puede exigir al trabajador que informe que vive con VIH, ni al comienzo de la relación ni en ningún momento posterior (artículo 3, letra b). Lo que sí debe hacer el trabajador es justificar la inhabilidad temporal para trabajar a causa de su estado de salud, como dispone el artículo 177 del Código del Trabajo: el mismo artículo 3 lo deja a salvo.

La empresa organiza una jornada de salud con pruebas rápidas. Se puede, con condiciones. El artículo 4 ordena promover la prueba «única y exclusivamente» de manera voluntaria, individual, confidencial y con consejería, y ubica la prevención del VIH dentro de los programas de prevención de riesgos psicosociales. Una jornada donde la prueba se hace en fila, con lista de quién asistió y quién no, o con resultados entregados a la empresa, no cumple esas condiciones. Si la incluye en sus campañas preventivas de salud, diseñe el circuito para que el resultado quede solo entre la persona y el profesional de salud.

La misma regla está en la norma general contra la discriminación del sector privado: el Acuerdo Ministerial MDT-2025-102 prohíbe en la selección «cualquier tipo de prueba para la detección de enfermedades, incluyendo el VIH-SIDA, como requisito para conservar el empleo» y exigir al trabajador que vive con VIH notificar su estado de salud (artículo 17, letras d y e).

¿Se puede despedir a un trabajador por vivir con VIH?

No. El artículo 1 prohíbe terminar la relación laboral «por petición de visto bueno del empleador, por desahucio, o por despido» de trabajadores y trabajadoras que viven con VIH-SIDA por su estado de salud. Es una prohibición expresa, distinta de lo que ocurre con las enfermedades catastróficas, donde la ley del sector privado no trae una prohibición con esas palabras.

La prohibición no vuelve intocable el contrato: impide que el estado de salud sea la causa. Si la empresa tiene que terminar una relación por otra razón, esa razón tiene que estar documentada antes y no tener relación con el VIH; y como la Constitución prohíbe la discriminación por «portar VIH» (artículo 11, numeral 2, citado en los considerandos del Acuerdo MDT-2024-198), conviene revisar la decisión con un abogado laboral antes de comunicarla.

Cuando la persona ha desarrollado SIDA y, como consecuencia, ya no puede desempeñar con normalidad su trabajo, el artículo 2 remite al Código del Trabajo y a la Ley de Seguridad Social y pone una obligación en el empleador: tramitar la jubilación por invalidez absoluta y permanente en el IESS.

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La ficha médica: quién puede ver un resultado

El artículo 3, letra c, prohíbe vulnerar la confidencialidad e intimidad del trabajador mediante la divulgación de datos sensibles como su estado de salud, sus enfermedades o los resultados de exámenes médicos, «que hayan sido realizados dentro o fuera del lugar de trabajo». La prohibición cubre, por tanto, un examen que la persona se hizo por su cuenta y que alguien en la empresa llegó a conocer.

El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto Ejecutivo 255) completa la regla para la información que maneja el servicio médico: el conocimiento de los datos de salud se limita al personal médico, sin que puedan usarse con fines discriminatorios (artículo 16, numeral 7); no pueden difundirse a terceros sin la autorización expresa y el consentimiento del trabajador, y en una inspección la autoridad solicita únicamente el certificado de salud en el trabajo (artículo 68, numerales 1 y 4).

En la práctica, la ficha médica ocupacional vive en el archivo del médico, no en la carpeta de talento humano; lo que talento humano recibe es la aptitud para el puesto y, si las hay, las recomendaciones. Los correos, las bases de nómina y los grupos de mensajería son por donde suelen filtrarse los datos de salud, y la capacitación obligatoria —que se explica a continuación— tiene que hablar justamente de eso.

La capacitación obligatoria que añadió la reforma de 2024

El artículo sin número que sigue al artículo 4 dice que los empleadores «deberán implementar programas integrales de capacitación obligatoria dirigida a todos sus empleados y talento humano». No fija frecuencia, número de horas ni una fecha de reporte, y no menciona un registro en la plataforma del Ministerio. Lo que sí fija es a quién alcanza —a todo el personal— y de qué tiene que tratar. Así se traduce su texto en un programa que se pueda demostrar:

Lo que dice el artículoCómo se lleva al programaQué evidencia guardar
Capacitación «dirigida a todos sus empleados y talento humano»Una nómina de participantes que cubra a todo el personal, incluidas jefaturas y quienes ingresan despuésListas de asistencia firmadas contra la nómina vigente y registro de quienes faltan
Respetar la diversidad y erradicar cualquier forma de discriminaciónMódulo sobre no discriminación en el trabajo, conectado con el protocolo de la empresaPrograma con objetivos y contenidos, y material usado
Derechos de las personas que viven con VIH, estereotipos y prejuiciosQué prohíbe el Acuerdo 398 y por qué, con casos de la vida diaria de la empresaMaterial del módulo y evaluación de lo aprendido
Consecuencias jurídicas de los actos discriminatoriosSanciones administrativas y acciones judiciales posibles, explicadas para cada rolEvaluación y certificado de cada participante
Manejo y protección de la información confidencial a la que el personal accede por sus funcionesReglas concretas para talento humano, nómina, servicio médico y jefaturasConstancia de lectura de la política interna de confidencialidad

Como el artículo no dice cada cuánto, la empresa tiene que decidirlo y escribirlo en su programa. Un criterio razonable es repetirla con el plan anual de capacitación y darla en la inducción de quien ingresa, porque una capacitación hecha una sola vez deja fuera a todo el que entró después y la norma pide «todos». Esta capacitación encaja con dos obligaciones que la empresa ya tiene: el protocolo contra la discriminación, la violencia y el acoso, porque el Acuerdo MDT-2025-102 prohíbe discriminar por «portar VIH» (artículo 16), y el programa de prevención de riesgos psicosociales, donde el artículo 4 del Acuerdo 398 ubica la prevención del VIH.

ℹ
Fechas que no existen. El Acuerdo 398 no fija un plazo anual para esta capacitación. El 1 de diciembre es el Día Mundial del Sida y muchas empresas aprovechan esa fecha para su jornada, pero no es un vencimiento legal.

Quién controla y qué sanción se aplica

El artículo 5 encarga el control a las direcciones regionales del trabajo y, donde no las haya, a las inspecciones del trabajo, que sancionan según el artículo 628 del Código del Trabajo a las personas naturales o jurídicas que infrinjan los artículos 1, 2 y 3. Eso no impide que la persona afectada inicie acciones civiles, laborales, contencioso administrativas o penales. En el caso que motivó la reforma, el camino fue una acción de protección que terminó en la Corte Constitucional.

Qué hacemos con su empresa

La empresa es la responsable de cumplir; nosotros le damos el contenido, el método y la evidencia ordenada:

  • La capacitación obligatoria del Acuerdo 398 para todo el personal, presencial o en línea, con evaluación y certificado emitido por Tagline.
  • Revisión de los perfiles de exámenes de ingreso y periódicos para retirar lo que la norma no permite pedir.
  • Una política interna de confidencialidad de la información de salud: quién la recibe, dónde se guarda y qué se comunica.
  • Diseño de jornadas de prueba voluntaria con las condiciones del artículo 4, si la empresa decide hacerlas.
  • La carpeta de evidencias del programa, lista para una inspección.

Lo hacemos junto con nuestro equipo de capacitación en seguridad y salud. Si quiere revisar si su empresa cumple, escríbanos por WhatsApp al 099 640 8902 o llámenos al 02 221 5811.