Residuos sólidos en Ecuador.

Cada año el INEC, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Banco de Desarrollo del Ecuador levantan juntos el registro de gestión de residuos sólidos de los 221 GAD Municipales del país. El resultado de 2024: 0,95 kg de residuos por habitante urbano al día y 14.193,5 toneladas recolectadas cada día, de las cuales el 77,1 % llega mezclado y el 22,9 % de forma diferenciada.

El boletín oficial redondea la producción per cápita a 0,9 kg; el libro de indicadores del mismo levantamiento la trae con dos decimales, y es la que se publica aquí. Entre provincias el rango es amplio: de 1,24 kg en Guayas a 0,54 kg en Zamora Chinchipe. La producción per cápita sigue al consumo, así que las provincias con mayor actividad urbana y comercial encabezan el cuadro; no es un indicador de buena o mala gestión.

Es la cifra con más consecuencias prácticas de toda la ficha. De las 425.806,2 toneladas que los municipios recolectan cada mes, se recuperaron 2.703,4 toneladas de material inorgánico: el 0,6 %. Los residuos orgánicos tratados llegan al 8,4 %, un orden de magnitud más, pero concentrados en pocos territorios.

La serie no dibuja una tendencia: en siete años la recuperación de inorgánicos ha oscilado entre 0,1 % y 1,2 % sin dirección clara, así que no se puede leer ni como mejora sostenida ni como retroceso. Lo que sí se sostiene es el orden de magnitud: la valorización de material reciclable no es, hoy, una función que el servicio municipal esté prestando a escala.

⚠️ Conviene precisar el alcance antes de usar el número. Mide lo que recuperan los GAD Municipales dentro de su propio servicio; no cuenta a los recicladores de base ni a los gestores ambientales privados, que mueven material fuera de este registro y no aparecen aquí. El reciclaje del país es mayor que esta cifra: lo que la cifra dice es cuánto de él pasa por el canal municipal.

Para una empresa la consecuencia es concreta. Si entrega sus residuos al carro recolector, no recibe trazabilidad ni un documento que acredite el destino del material. Un indicador GRI 306, un requisito de ISO 14001 o un expediente de Punto Verde necesitan la cadena documental de un gestor ambiental autorizado —manifiesto y certificado de disposición o aprovechamiento—, y estas cifras son la explicación de por qué esa vía no es opcional.

El sitio principal de disposición final es un relleno sanitario en 132 municipios (59,7 %), una celda emergente en 54 (24,4 %) y un botadero en 35 (15,8 %). Sumados, 89 cantones —el 40,3 %— terminan sus residuos fuera de un relleno sanitario.

Y aquí está la mejor noticia del registro: es el indicador que más ha avanzado. En 2018 la cobertura de relleno sanitario era del 44,7 % y hoy es del 59,7 %: 15,0 puntos en siete años, con una progresión que no se ha interrumpido en ningún año de la serie.

Para quien opera en un cantón concreto, el dato nacional es solo el marco: lo que hay que verificar es el sitio de disposición del propio cantón, porque de él depende si la trazabilidad del residuo se puede documentar aguas abajo. Es una de las verificaciones del plan de manejo ambiental y una pregunta que el registro ambiental obliga a responder por escrito.

Gestionar los residuos sólidos le cuesta al país $34,6 millones al mes sobre 466.169,1 toneladas: $74,16 por tonelada. Es el precio público de referencia del servicio, y es la cifra con la que una empresa puede leer lo que le cobra un gestor privado: si la cotización se aleja mucho de este orden de magnitud, la pregunta es qué incluye que el servicio municipal no haga.

La dispersión territorial es grande —de $172,00 a $42,29 por tonelada entre la provincia más cara y la más barata, 4,1 veces— y la explica sobre todo la escala: donde se recolectan más toneladas, el costo unitario baja. No es una medida de eficiencia administrativa.

Y el servicio no se paga con la tasa. En 2024 costó $30,2 millones mensuales y recaudó $13,6 millones por tasa, tarifa y otros conceptos: el 54,9 % del costo quedó sin cubrir, $16,6 millones al mes que salen de otras fuentes del presupuesto municipal. No es un dato de un año: en los siete de la serie el subsidio nunca bajó del 41,8 %. Por región va del 45,9 % en la Sierra al 82,0 % en la Amazonía, donde las distancias encarecen cada recorrido.

60 de los 221 GAD Municipales declararon haber iniciado o mantenido procesos de separación en la fuente —el 27,1 %—, y el registro precisa que esos procesos pueden estar acotados a sitios específicos, barrios piloto o a toda la ciudad. El barrido de vías, en cambio, tiene una cobertura alta: 17.600 kilómetros barridos de 20.714,9 susceptibles, un 85,0 % en los 215 municipios que han definido esa longitud.

La lectura para una organización que ya separa internamente es de expectativas: la separación que hace en su planta no puede darse por continuada aguas abajo salvo que el cantón declare el proceso y su gestor lo documente. Es una comprobación previa barata que evita comprometer un indicador que después no se puede sostener con evidencia.

Son datos de un servicio público, no una calificación de nadie. Tres usos concretos para una empresa:

• Dimensionar. 0,95 kg por persona y día es la referencia para estimar la generación de un campamento, una obra o una sede con personal residente antes de contratar el servicio, y $74,16 por tonelada, el orden de magnitud contra el que leer una cotización.
• Verificar el destino. Antes de comprometer un indicador de residuos, confirmar el sitio de disposición final del cantón donde opera: en el 40,3 % de los municipios no es un relleno sanitario, y eso cambia lo que se puede documentar.
• Elegir la vía que sí acredita. Con una recuperación municipal de inorgánicos del 0,6 %, el canal municipal no genera la evidencia que piden ISO 14001, GRI 306 o Punto Verde. Esa evidencia la da un gestor ambiental autorizado, y encaja dentro del plan de manejo ambiental y de la gestión ambiental de la organización.